San Luis Potosí, S.L.P. 23 de Octubre de 2018
HACIA UNA NUEVA ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL
Nos encontramos ante un nuevo modelo de protección de derechos fundamentales, el cual estimamos que consta de dos etapas para su consolidación.
Alejandro Díaz de León | 12/03/2013
A raíz de la reforma constitucional publicada el diez de junio del año dos mil once, todas las autoridades que integran el sistema jurídico mexicano cuentan con la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar, en el ámbito de sus competencias, los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales.
 
Asimismo, con motivo de la reforma aludida, las normas relativas a los derechos humanos deben concebirse bajo los principios de interpretación conforme y pro personae, consistiendo el primero, en el análisis de tales normas en observancia permanente de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, y el segundo, en la elección de la norma o interpretación aplicable, bajo el estándar hermenéutico que otorgue a la persona la protección más amplia. 
 
Por otro lado, en julio del año dos mil once, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció las obligaciones concretas que le correspondieron al Poder Judicial de la Federación y su forma de instrumentarlas, derivadas de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco vs los Estados Unidos Mexicanos.
 
En esta sentencia, la corte determinó que los tribunales debían ejercer un control de convencionalidad difuso y ex oficcio. Es decir, la facultad de interpretar preceptos constitucionales ya no quedaba reservada al Poder Judicial de la Federación, sino que se otorgó dicha atribución a todos los juzgadores de nuestro sistema jurídico. Por otro lado, se resolvió que los tribunales podían realizar inaplicaciones de preceptos ordinarios por considerarlos incompatibles con la Constitución Federal o con los tratados internacionales. Y por último, se concluyó que el ejercicio del control de convencionalidad no se encontraría limitado al principio de instancia de parte, sino que debían realizarlo los juzgadores de oficio. 
 
Como puede observarse, nos encontramos ante un nuevo modelo de protección de derechos fundamentales, el cual estimamos que consta de dos etapas para su consolidación. La primera consistió en el diseño normativo, mismo que ha quedado satisfecho con  las reformas aludidas. La segunda versara en el ejercicio de los medios de control constitucional, los cuales nos brindarán la oportunidad de materializar los derechos humanos bajo este nuevo concepto garantista. 
 
Tanto los operadores judiciales como los abogados postulantes, tenemos la obligación de abandonar los anacrónicos planteamientos que no priorizaban la protección a los derechos fundamentales y debemos asumir el compromiso de consolidar esta nueva estructura constitucional en el sistema jurídico mexicano.