San Luis Potosí, S.L.P. 16 de Diciembre de 2018
MEDIACIÓN Y JUSTICIA COTIDIANA
Juan Carlos Flores Ortiz | 16/08/2016

El ser humano aglutinado en sociedad, en su complejo entramado de relaciones, es fuente de numerosos conflictos que van de lo trivial, producto de las pueriles pasiones de los protagonistas de un conflicto vecinal, hasta litigios de gran relevancia y complejidad.

Si nos situamos en el primero de los extremos, donde se encuentran las relaciones jurídicas más cotidianas en las que nos vemos en vueltos, nos damos cuenta que son tan numerosas, y sin embargo son las que menor grado de justiciabilidad presentan.

Es decir, en una desavenencia vecinal por el uso de áreas comunes, un conflicto conyugal menor, un robo famélico etcétera, es en estos casos donde el titular del derecho afectados puede optar entre una autocomposición limitándose a tolerar la violación o, autotutelar su derecho haciéndose justicia por sí, esto se da al no existir un medio idóneo para dirimir ese tipo de controversias, en tales supuesto promover un juicio considerándose la inversión económica y de tiempo es que resulta mayor costear la instancia que el beneficio que se persigue, viéndose frustrada la justicia cotidiana.

Es en este contexto que la correcta implementación de la mediación resultaría una buena alternativa para la solución de conflictos, donde las partes en pugna con la ayuda de un tercero –mediador- que facilite la comunicación entre ellas, para que leguen a una solución adecuada, sin que ninguna vea sometidos sus intereses.

La mediación nos ofrece una serie de ventajas, por un lado, la costeabilidad del procedimiento pues al ser sumario, más que un procedimiento como tal es una amigable oportunidad de que las partes se comuniquen y pueda encontrar una solución, lo cual implica que el tiempo y el dinero invertido sea mucho menor.

Por otro lado, el Estado invertiría mucho menos recursos con la implementación de centros especializados, en comparación con los que ya invierte en los tribunales con el fin de potenciar la justicia pronta y expedita, ante la carga imponente de trabajo, la cual se vería disminuida, gracias al desahogo de asuntos por la vía de la mediación, dando como resultado tanto la justiciabilidad de derechos poco susceptibles de llevarse a los tribunales, así como mayor agilidad en la solución de los litigios que requieren de manera más apremiante una solución mediante procedimiento contencioso.

Estas son solo algunas de las ventajas prima facie que nos ofrecen los medios alternos de solución de conflictos, hasta aquí no se ha mencionado el potencial que tienen estos para dirimir complejos litigios que bien podrían verse simplificados a través de mecanismos heterocompositivos distintos al juicio, tales como la conciliación o lo mediación.

En nuestro Estado, más allá de la intensión manifiesta de implementar estos medios alternos con la promulgación de la Ley de mediación y conciliación así como de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en Materia Penal, ambas del año 2014, no ha trascendido a la realidad mayor voluntad, hasta la fecha no se han aplicado recursos materiales ni humanos para la observancia de las leyes mencionadas, que se puedan a provechar para el uso inmediato de los medios alternos para dirimir un conflicto.

Mientras no existan las instituciones dignas a las cuales los gobernados podamos acudir y sobre todo donde seamos recibidos por funcionarios con vocación y bien capacitados, que no se limiten solo a preguntar si las partes quieren llegar a un arreglo y plasmarlo en un acta, sino que tengan una participación activa e imparcial que propicie una verdadera mediación y en su caso una conciliación entre las partes.

No se puede dejar de lado que los abogados debemos de ser abiertos a estas “nuevas” opciones de solución de conflictos, ser perceptivos de las ventajas prácticas que nos ofrecen para desempeñar nuestra labor social y contribuir a la realización de la justicia cotidiana.